Casación anuló fallo que absolvió a los acusados por los títulos truchos de la UNAF

El fallo cuestiona que el Tribunal Oral de Formosa optó por realizar un análisis parcializado de los hechos

La Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia que había declarado la absolución de los ocho acusados de otorgar títulos falsos a estudiantes de nuestra provincia y españoles en el año 2005, por un supuesto desvío de fondos y arreglos en el que estaban involucrados la Universidad Nacional de Formosa, un instituto del país ibérico y un instituto privado de Tierra del Fuego.

En un fallo de más de cien hojas, el Tribunal de Casación anuló íntegramente la sentencia absolutoria dictada en agosto de 2016 por el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Formosa, a quien ahora apartó del caso, ordenando la realización de un sorteo para conformar otro tribunal que deberá llevar adelante un nuevo juicio respecto de los hechos por los cuales oportunamente fuera elevada la causa a juicio.

Este nuevo fallo, que obliga a realizar un nuevo juicio en el denominado caso de los “Títulos Truchos”, está firmado por los jueces de Casación Eduardo Rafael Riggi, Ana María Figueroa y Liliana Elena Catucci.

El caso

Por este hecho, fueron llevados a juicio y ahora serán nuevamente juzgados el exrector de la UNaF Carlos Antonio Dalfaro, el exdecano de la FAEN Héctor Quijano, Roberto Víctor Seminara, Eladio Marcelo Castro, Isabelino Idoyaga, Jorge Gorosito y Héctor Rubén Espíndola.

La causa investigaba una articulación administrativa en la que participaron el Instituto Español “Cibernos”, el World Collage de Tierra del Fuego y la UNaF, a través del cual los ciudadanos españoles y de Formosa podían estudiar y recibir un título que luego fue denunciado como falso.

La Licenciatura en Sistemas, que entregaba la UNaF, tenía un costo de 7.400 euros, con una hora y media de clase semanales.

En el juicio oral y público realizado en Formosa hace dos años, la Fiscalía había pedido penas de 8 años de prisión para el exrector Dalfaro, 7 años para Quijano y 5 para Idoyaga, titular del gremio estatal de UPCN. En el mismo sentido, se había pronunciado la parte querellante.

El Tribunal Oral en lo Criminal de Formosa decidió sin embargo absolver a todos los acusados, pero este fallo fue recurrido por el fiscal general Luis Benítez y por los abogados de la querella, quienes presentaron sendos recursos de Casación.

Fallo sin motivación

Ayer se conoció la decisión que tomó el Tribunal Federal de Casación, que hizo lugar a los recursos de Casación interpuestos por el fiscal general y por
las querellas, anular la sentencia del tribunal formoseño y apartar al mismo del conocimiento de la causa, debiendo sortearse, por la vía que corresponda, el tribunal que habrá de llevar adelante un nuevo debate respecto de los hechos por los cuales fuera elevada la causa a juicio.

Uno de los argumentos centrales de los jueces de Casación por los que anularon el fallo absolutorio es la falta de motivación del mismo, cuyo incumplimiento se conmina con la nulidad. Casación advierte que los jueces dedicaron sus esfuerzos en cuestionar la investigación, la supuesta acumulación de hechos inconexos, su duración, la imprecisión de las acusaciones, la demora en notificar a los imputados su calidad de tales y la supuesta asimetría en el tratamiento de situaciones que a su juicio lucían iguales, entre otras, invocando una supuesta oscuridad de la investigación en general y de los requerimientos de las partes acusadoras en particular.

Además, el fallo cuestiona que el Tribunal Oral de Formosa optó por realizar un análisis parcializado de los distintos hechos, lo que importó el arribo a soluciones parciales al margen de las reglas de la sana crítica racional y una fragmentación irrazonable de cuestiones que, si bien pudieron constituir diferentes hechos, se encontraban íntimamente enlazadas.

El fallo anulatorio sostiene que las pruebas indicaban que lo sucedido con el Instituto Cibernos de Madrid no se había tratado de un suceso aislado sino que la suscripción de convenios por parte de las máximas autoridades de la UNaF/FAEN resultó ser una modalidad que se repitió a nivel local y que, en ambos casos –local e internacional-, y a pesar de que eran inválidos o no habían sido aprobados por las autoridades competentes, fueron igualmente ejecutados, lo que determinó un ingreso de dinero que era recibido en propias manos de los funcionarios.

En virtud de lo señalado, el juez Riggi consideró al emitir su voto que le asiste razón la Fiscalía en cuanto sostuvo que el hecho de que las maniobras hubieren sido materializadas con la participación de varios particulares, no implicaba la existencia de diversidad de objetos procesales o causas que permitiesen su separación en varios procesos, pues una medida de tal naturaleza hubiera implicado una abierta contradicción a las reglas de
conexión. “Un correcto análisis imponía un análisis global de la gestión y del contexto en el que se produjeron los hechos que, a pesar de las críticas del Tribunal sentenciante, se conectaban unos con otros de manera final”.

En tal sentido, el Tribunal de Casación sostiene que no se puede obviar que lo ocurrido con los títulos inválidos se dio en el marco de una gestión signada por gran cantidad de irregularidades administrativas y patrimoniales en la Universidad, que debían ser evaluadas en conjunto para determinar la existencia de una posible administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

El fallo también cuestionó severamente la falta de análisis y valoración que hizo el Tribunal Oral de Formosa al momento de analizar las cuestiones de fondo, decidiéndose por la absolución de todos los acusados sin dar mayores explicaciones, advirtiéndose graves “defectos en el modo en que fueron evaluadas los cargos y acusaciones”.

La sentencia casatoria analizó caso por caso las absoluciones dictadas por el Tribunal de Formosa, criticando severamente la falta de fundamentación del fallo ahora anulado, quedando evidenciado que la gran cantidad de elementos de juicio arrimados al proceso, en algunos casos fue lisa y llanamente soslayada y en otros fue considerada parcialmente o apartándose arbitrariamente de las leyes de la lógica y de la experiencia, habiéndose
omitido una visión conjunta de los mismos, lo que ha redundado en la arbitrariedad de la sentencia que, consecuentemente, debe ser anulada íntegramente en lo concerniente a las absoluciones dispuestas.

El Tribunal apreció como acertado lo afirmado por el representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto a que “esta peculiar manera de administrar los fondos de la UNaF resulta inadmisible en cabeza de estos funcionarios con años de antigüedad, menos aun si tenemos en cuenta que los involucrados eran profesionales en la materia, licenciados y contadores que –paradójicamente- enseñaban la forma de administrar bienes a los alumnos de la Facultad de Economía y Negocios, quienes recibían el título de Contador Público Nacional, Licenciado en Sistemas, entre otros”.

“Tampoco debió obviarse la alta jerarquía de los cargos de los aquí imputados y la especial trascendencia que esa condición imprime a los hechos en los que se ha acreditado su intervención, en donde existieron numerosas infracciones de deber e institucionales en perjuicio de la Universidad Nacional de Formosa”, sostiene el juez Riggi en su voto.

 

Graves defectos, con argumentos sin lógica ni razón  

 

Para el Tribunal de Casación, la sentencia recurrida evidencia graves defectos en su fundamentación, razonamiento y en la valoración de la prueba, con relevancia decisiva para dirimir la controversia planteada, que llevó al apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que la invalida
como acto jurisdiccional e impone su descalificación conforme la doctrina de la CSJN en materia de arbitrariedad.

Por su parte, la jueza Figueroa –que adhirió al voto de Riggi- agregó que si bien es cierto que el Tribunal de mérito tiene la atribución para seleccionar
y valorar el material probatorio sobre el que apoyará sus conclusiones fácticas, no lo es menos que esa libertad “no puede ser discrecional ni arbitrariamente utilizada, como ocurrió en el caso, al haber ponderado la prueba y los hechos de manera recortada y aislada”.

Señaló al respecto que las pruebas de la causa no pueden ser consideradas de manera aislada, sino que deben ser valoradas en conjunto, de modo integral y correlacionado, tratando de vincular armoniosamente los distintos elementos, sin la omisión de extremos conducentes para la solución del litigio.

De igual modo, sostuvo que debe ser analizada y comprendida en forma integral y correlacionada la hipótesis formulada por las partes acusadoras, pues el desmembramiento de las distintas diferentes irregularidades que fueron advertidas en la gestión y administración de la Universidad Nacional
de Formosa, su concepción como distintas conductas independientes entre sí, “condujo a los sentenciantes a tener una visión parcializada del reproche que se les realiza a los encartados y a la absolución de éstos, considerando posibles conductas –o partes de ellas- desde sus eventuales calificaciones y no desde su gravitación en una maniobra de mayor envergadura que habría sido llevada acabo por distintos funcionarios, con el objeto de desviar
fondos de la institución a sus patrimonios (ya fueran esos fondos verdaderamente correspondientes a la institución o generados” a partir de la celebración de acuerdos espurios y la venta de cursos a distancia no autorizados conforme la normativa en la materia)”.

En la misma tónica, la jueza Catucci dijo que quedó en evidencia la falta de razonabilidad de los variopintos argumentos con los cuales el tribunal oral federal formoseño fue borrando la tonicidad delictual de los diversos hechos atribuidos, nada menos que a funcionarios públicos dedicados a la educación universitaria, quienes lejos de atender a sus funciones, comprometieron la autoridad de los claustros con diversas maniobras que los ilógicos razonamientos del a quo no lograron cohonestar. “Ni siquiera a tenor de la insuficiencia probatoria a la que se aludió cuando el material recolectado era suficiente, dejándose de atender a los perjuicios sufridos por el Estado y por los alumnos a raíz de ofertas irreales, es decir, ardidosas, aspectos que fueron desvirtuados por el tribunal con argumentos tales como que la falta de culminación de sus estudios diluía la posibilidad delictual”, aseveró.

En síntesis, los hechos como los aquí investigados, tildados de corrupción deben quedar siempre aclarados, “no ensombrecidos con argumentos que están fuera de la lógica y la razón, tergiversando las evidencias probatorias en función de discursos de confuso contenido”, aseveró la jueza de Casación.